El referente del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, Ramón Gutiérrez, manifestó su preocupación por lo que considera “el peor momento para la participación y el control social” dentro del sistema sanitario, a ocho meses de la asunción del nuevo gobierno.
En diálogo con la prensa, Gutiérrez explicó que el sábado pasado se realizó una reunión nacional del movimiento, con la presencia de delegados de los 19 departamentos. “Fue un encuentro del órgano coordinador, que es la dirección del movimiento. Y allí se coincidió en que estamos viviendo una situación muy compleja en materia de participación ciudadana”, expresó.
Según señaló, las autoridades han sustituido los mecanismos de participación real por “una moda de conversatorios”. “Llevan a la gente a hablar, a decir cosas, pero no se soluciona nada”, criticó.
Gutiérrez cuestionó además la conformación de lo que se ha denominado ‘Frente Social’, al que calificó como un espacio cerrado. “Para estar ahí hay que ser militante del Frente Amplio; si no, quedás afuera. Se intenta aplicar una orgánica partidaria en algo que debería ser independiente. Esto no es un partido político, son organizaciones sociales autónomas”, afirmó.
Puso como ejemplo la reciente situación del edil Delgado, “a quien van a expulsar por haber hablado en un sector del Frente”. Según Gutiérrez, el paralelismo sirve para entender la preocupación de los usuarios: “Nosotros representamos a la sociedad civil, no a los partidos. Nuestro movimiento se enfoca en la asistencia a la salud y en garantizar los derechos de los usuarios”.
El dirigente advirtió que no existen actualmente representantes sociales en ASSE y que la Junta Nacional de Salud (Junasa) recién está comenzando a organizarse. “La Junasa es el ámbito donde se manejan los recursos, los controles, las metas y la articulación con las juntas departamentales y locales de salud. Es clave para la participación social real, pero hoy no hay participación, no hay voces”, remarcó.
En el caso del Hospital de Artigas, Gutiérrez denunció la creación de una estructura denominada “tripartita”, que —según dijo— no tiene sustento legal. “No existe normativa que regule eso ni la confidencialidad que dicen manejar. Lo que corresponde, de acuerdo a la ley, es convocar a elecciones para integrar el consejo asesor y consultivo”, sostuvo.
A su entender, las autoridades locales “hacen lo que quieren” y se comunican solo con quienes son “compañeros” o afines. “Y aun así no resuelven nada, porque lo que quedó claro en la reunión nacional es que no escuchan. Los compañeros hablan, plantean problemas, pero luego es como si no hubieran estado allí. Nada se soluciona”, lamentó.
Gutiérrez señaló que esta falta de respuesta repercute directamente en los usuarios: “Hay personas con problemas graves de salud mental, con riesgos a terceros, y la situación no se aborda como corresponde”.
Consultado sobre el proyecto de creación del CTI en el Hospital de Artigas, el dirigente sostuvo que no han recibido información formal. “Pedimos datos oficiales y hasta ahora no nos llegó nada. Solo tuve una reunión con el equipo de gestión del hospital, pero la Departamental de Salud aún no ha convocado”, informó.
Explicó que tras una nota de prensa emitida por el movimiento, recibieron una comunicación del director general del Ministerio de Salud Pública, quien aseguró que “la Junta está organizando para conformar la Junta”. “Pero ya pasaron ocho meses desde que asumieron y seguimos esperando”, criticó.
Respecto a la postura del movimiento sobre el CTI, aclaró que la prioridad es escuchar y analizar la propuesta del gobierno, siempre desde la perspectiva de los usuarios. “En principio, entendemos que el CTI serviría también para conveniar con las mutualistas y fortalecer la salud pública. La OMS establece que los grandes servicios deben estar en el sector público”, explicó.
Agregó que, en ese esquema, instituciones privadas como Gremeda o Comeri podrían contratar servicios al hospital público, lo que fortalecería la red asistencial departamental. “Sería una forma de equilibrar el sistema, que ha sido históricamente boicoteado por operadores del sector privado”, expresó.
Finalmente, Gutiérrez advirtió sobre posibles conflictos de interés: “Hoy hay directores que son empleados de la privada, y eso genera un problema ético y de gestión. La salud pública debe ser fortalecida, no condicionada”.
